jueves, 1 de febrero de 2007

Desafíos para la conservación de los pueblos aislados *

En la Amazonia del Ecuador, los Tagaeri y Taromenane, pueblos ocultos, no contactados o en aislamiento voluntario, están a merced de los intereses de las compañías petroleras, los madereros ilegales y las persecuciones de sus parientes lejanos los waorani (waos).


Estaba haciendo trozas de un árbol de cedro con mi motosierra. Estábamos junto al bosque, cerca del río Shiripuno. En un extremo estaba el compadre (Wiliam Angulo), al medio yo y al final mi ex cuñado, Fernando.
No alcancé a gritar ni a coger la escopeta, sólo vi cómo el compadre caía al suelo con cinco lanzas clavadas en la espalda y en la pierna. Salí corriendo, pero me resbalé y caí… En el suelo me clavaron una lanza en la espada, pero no con la parte que es como un arpón sino con la punta.
Eran muchos, hombres y mujeres, blancos y altos, no se parecían a los waorani. Cuando nos atacaron gritaron y corrieron hacia nosotros. Saltaron sobre el compadre… Luego el resto de mis compañeros dispararon y ellos, los Taromenane, regresaron al bosque”.

Así recuerda Gilder Moreira, un motosierrista de 25 años, el incidente que se produjo la mañana del 12 de abril del 2006, el río Shiripuno, en el corazón de la Zona Intangible en la Amazonia Ecuatoriana. Esta es un área donde están prohibidas por Ley todas las actividades extractivas como la tala, la minería y la explotación de petróleo.
Esta área se creó, en 1999, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados. Al inicio, en 1986, fue sólo el clan waorani de Taga, un guerrero wao que se refugió en el bosque. Luego de 20 años y varios ataques de los waos, se presume que los sobrevivientes de los Tagaeri se unieron a los Taromenane, otro grupo lejanamente emparentado con los wao.
El sitio del ‘ataque’ al grupo de Moreira está a 92 kilómetros de Francisco de Orellana (Coca), un pueblo que crece aceleradamente gracias a los dólares que gotean de las empresas petroleras que operan en la provincia de Orellana.
Los autores del ataque son parte de uno de los núcleos familiares de pueblos no contactados que habitan al sur de los bloques petroleros 17 (Andes Petro, antes EnCana), 16 (Repsol-YPF), 31 (Petrobras) e ITT de propiedad del Estado Ecuatoriano.
Guilder Moreira corrió con más suerte que Angulo, quien falleció tres días después en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. A pesar del tiempo transcurrido, el estado de salud de Moreira aún es delicado. Le han practicado cinco operaciones para retirarle de su espalda astillas de la lanza de chonta (una palmera amazónica que proporciona madera negra, pesada y dura).
El 5 de julio, Moreira fue trasladado a una casa de reposo en Quito, pero aún debe someterse a revisiones médicas permanentes. Todo el tratamiento de Moreira fue costeado por una compañía petrolera y la Misión Capuchina, ni los madereros ni las ONG que trabajan en el Yasuní le socorrieron.
El incidente no es un hecho aislado. En agosto del 2005, a pocos kilómetros del lugar del ataque al grupo de Guilder Moreira, Efrén España murió con 39 lanzas en su cuerpo. Según antropólogos, como Eduardo Pichilingue, el lanceamiento de España pudiera ser una advertencia para que no se ingrese al territorio de los Taromenane. Hubo avisos previos, lanzas cruzadas, ramas cortadas en las trochas del bosque…
Los dos grupos madereros atacados fueron contratados por Líder Bazurto, un intermediario maderero que vive en el Coca y quien hasta la segunda semana de julio seguía talando en la zona del ataque a Moreira.
La falta de empleo, asegura, Moreira lo empujó a ingresar a ese sector y talar los árboles de cedro que se encuentran cerca del río. Afirma que desconocía que la tala en esa parte del bosque es ilegal. Su grupo estaba compuesto de 17 personas, quienes permanecen en turnos de 21 días. Cada uno recibe, en promedio, ocho dólares por jornada de trabajo y para “defenderse” cuentan con escopetas, mientras que sus patrones tienen armas de grueso calibre.

Los acuerdos firmados
Las autoridades locales y nacionales conocen los nombres de quienes se benefician de la tala ilegal de cedro proveniente del Parque Nacional Yasuní (PNY), pero los controles no se concretan.
Alonso Jaramillo, responsable del PNY, reconoce que por lo menos existen 12 campamentos de madereros al interior del área protegida, pero no puede tomar ninguna acción por la falta de recursos.
Jaramillo ha enfrentado varias amenazas de muerte por parte de los waorani, la última ocurrió los primeros días de mayo, cuando el jefe de la comunidad wao de Ñoneno: Manuel Kahuilla, conocido también como Huane, le increpó por ingresar a lo que él considera “su selva”.
Ñoneno es la puerta de entrada a la Zona Intangible y al PNY. Se considera que es el principal punto de embarque de tablones de cedro.
Luego del ataque a Moreira, Huane realizó una incursión al territorio Taromenane y afirma que sólo encontró una casa vacía. Como evidencia de su asalto llevó varias lanzas taromenane las cuales vendió, en la ciudad de Coca, a 60 dólares cada una. Huane armó la expedición con cinco waos más y todos iban bien armados.
Hasta la fecha, las autoridades no investigan el asalto a la casa taromenane ni descartan, con evidencias, que se haya producido una matanza similar a que se produjo en mayo del 2003 y que aún está en la impunidad. En esa fecha, al menos, 30 personas, entre mujeres y niños, murieron a manos de un grupo de waoranis armados con lanzas y escopetas.
Por permitir que los madereros extraigan el cedro, Huane recibe entre 0,50 y un dólar por cada tablón. En el mercado internacional, el metro cúbico de cedro se cotiza entre 1 000 y 2 000 dólares. En promedio, 28 tablones corresponden a un metro cúbico.
Los acuerdos entre Huane y los madereros son públicos y están por escrito. Los funcionarios del Ministerio del Ambiente también conocen las rutas por la cuales se comercializa el cedro. Una porción se vende en Colombia, otra se vende en San Antonio de Ibarra, un pueblo de artesanos quienes elaboran figuras muebles de madera. Otra parte se ofrece en los aserraderos de Quito y Ambato. En Pifo y Puembo (pueblos cercanos a Quito, ubicados hacia el oriente de la ciudad) también son puntos de acopio y distribución.
Para eludir los controles, los comerciantes utilizan camiones cerrados, en los cuales es difícil identificar su carga. Un ejemplo: el 28 de junio, la Ministra del Ambiente, Ana Albán, observó desde el aire como frente a un nuevo puesto de control forestal, que aún no empieza a operar, se cargaba un camión con cientos de tablones de cedro.
En algunos casos camuflan la madera con otros productos como verduras, frutas o repuestos de vehículos.
Edison Pozo, gerente de Vigilancia Verde (un consorcio público y privado que se encarga del control del tráfico de madera) explica que a pesar de que conocen las rutas, la vigilancia se dificulta, pues los traficantes realizan maniobras complejas para eludir los monitoreos.
“Suelen ir con camionetas o motos que les avisan si hay un control móvil (vehículos en los cuales se trasladan los inspectores forestales), utilizan radios, teléfonos celulares… A veces no contamos con el respaldo militar y ellos van armados”, indica Pozo.
Los alijos de cedro están a la vista de las autoridades. En el Coca, por ejemplo, hay tres bodegas donde se guarda la madera. El Ministerio del Ambiente no actúa y el cinismo de los intermediarios llegó al punto de solicitar “autorizaciones especiales” para que sacar la madera talada ilegalmente del Yasuní, algo que Albán negó de forma tajante, pero que no es ninguna garantía, pues los madereros pueden conseguir legalizar la madera en otro lugar y venderla cuando los controles disminuyan.

Un decreto con los límites
Luego de siete años, se concretó la primera acción para la protección de los pueblos ocultos, no contactados o en aislamiento voluntario. Los límites de la Zona Intangible están listos y aceptados por diferentes actores: compañías petroleras, autoridades nacionales y ONG.
Está Zona de protección especial empezó a existir oficialmente para el Ministerio de Energía (encargado de regular la explotación petrolera) cuando el consorcio petrolero canadiense Encana solicitó, hace dos años, que se delimite para conocer si era factible la explotación del bloque 17.
El consorcio chino Andes Petro adquirió todos los activos de Encana y heredó el proceso de delimitación. Al inicio, Zan Xing, presidente ejecutivo de Andes Petro, se opuso a la delimitación, pero luego de que los ministros de Energía y Ambiente le invitaran a dialogar, Xing cambió de posición. A finales de junio, Xing aceptó los límites planteados (ver mapa), pero se reservó el derecho a reclamar una indemnización por el recorte a su bloque.
Petrobras indicó que en el nuevo plan de desarrollo para el bloque 31 sólo se contempla su explotación en la parte norte, fuera de la Zona Intangible y del área dónde se ha encontrado evidencias de la presencia de los pueblos ocultos.
Repsol YPF también indicó que respetará los límites. Remigio Rivera, responsable de relaciones comunitarias de esta empresa, resaltó que su bloque (el 16) se afecta muy poco con la delimitación de la Zona Intangible y que están en conversaciones para entregar al Estado las áreas donde no realizarán más explotaciones petroleras.
Ahora la oposición no viene de las compañías petroleras sino de una ONG y los dirigentes waorani. El pueblo Waorani está compuesto por unas 2 000 personas y ha tenido una relación estrecha con los pueblos no contactados, en aislamiento voluntario u ocultos, pues uno de sus clanes Taga se separó de los wao para vivir en libertad en la década de los 80s.
Vicente Enomenga, presidente de la Organización de la Nacionalidad Indígena Waorani (Onwae), afirma que no aceptarán los límites de la Zona Intangible y la califica como una reducción de su territorio (650 000 hectáreas).
Los representantes wao no acudieron a la última reunión de la comisión creada para delimitar la zona intangible (30 de junio del 2006) en Quito.
Otro grupo que se opone a la delimitación es la ONG Acción Ecológica. Esta tiene una relación estrecha con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y ahora, luego de dos años de gestiones para delimitar esta área, piden que esta participe en las discusiones. En las reuniones para delimitar la Zona Intangible participó un delegado del Codenpe, que es la entidad gubernamental encargada del desarrollo de los pueblos indígenas y cuyos directivos están relacionados con la CONAIE.
Ana Albán, ministra del Ambiente, ratificó que la delimitación es una política de Estado. Mostrando una inusual firmeza, Albán indicó que avanzarán con la delimitación a pesar de las críticas y la oposición de los mismos waorani. Las declaraciones de Albán, por lo general, son mesuradas y evitan las confrontaciones, pero esta vez fue directa, la Zona Intangible se delimitará durante su gestión.
Para otros actores locales, como los misioneros capuchinos, el Decreto Ejecutivo con el cual se delimita esta área no está completo, pero es el primer paso. Se deben definir aún los montos que se destinarán para el manejo y quienes conformarán un comité especial para administrarla, pero es preferible a que permanezca en el limbo jurídico como ha sucedido durante estos siete años.

La situación de los waos
Los waos viven un momento delicado pues Armando Boya, expresidente de la Onwae, entregó el usufructo del territorio wao a una empresa estadounidense llamada EcoGenesis, el cual está vigente y está inscrito en Registrador de la Propiedad de Puyo (capital de la provincia de Pastaza).
El mismo Boya es socio de un exfuncionario de Petrobras encargado de Relaciones Comunitarias: Rene Espín. Petrobras lo separó de la compañía apenas conoció que era socio de Boya y tres waorani más en la compañía Cantarida.
La explicación que dio Petrobras fue que Espín violó el código de ética de la petrolera.
La esposa de Espín, Jimena Leiva, lideró la capacitación de las mujeres wao que realizó Cantarida financiada por cooperación internacional a través del Proyecto Caiman. Entre las mujeres capacitadas, está Alicia Kahuilla, hija de Manuel Kahuilla (Huane), un wao que mantiene convenios con madereros para la tala ilegal en la Zona Intangible.
Leiva es socia de otra empresa: Omeway, la cual ejecuta las obras de compensación acordadas entre Petrobras y las comunidades Chiruisla (Kichwua) y Kawimeno (waorani) en el Bloque 31.
Petrobras advirtió a Jack Jaramillo, presidente de la junta parroquial de Kawimeno y accionista de Omeway, que no renovarán más contratos con su empresa hasta que salgan las personas vinculadas a las empresas petroleras y las que prestan servicios a estas como la compañía Daymiservices.
Espín se defendió diciendo que el objetivo fue capacitar a los waos y crear empresas comunitarias. “El compromiso es entregar la empresa Cantarida a los waos, pero no lo hemos hecho por la inestabilidad de la Organización de la Nacionalidad Indígena Waorani (Onwae)”.
La situación para Petrobras es compleja pues Boya y Espín participaron en la elaboración del Plan de Vida Waorani. El desarrollo de este plan, que busca crear iniciativas para mantener a los waos, se contrató con fondos de Petrobras al Proyecto Caiman, y este a su vez contrató a Cantarida para la capacitación de las mujeres wao.
Como parte del proceso de compensación social del Bloque 31, Petrobras acordó la realización de varios proyectos con cinco comunidades indígenas: Kawimeno, Samona Yuturi, Yanchama, Chiruisla y Edén. Los montos de los proyectos van entre los 50 000 dólares con Yanchama hasta los 250 000 con Chiruisla.

* Este artículo se publicó en la edición de agosto revista Com Ciencia Ambiental de la Editorial Casa Latina de Sao Paulo, Brasil (www.casalatina.com.br)